Revolución Francesa

 La Revolución Francesa (1789-1799) ha sido tradicionalmente considerada como el indicador del final de una época histórica y el punto de arranque de una nueva etapa: la Edad Contemporánea. Por este motivo puede aceptarse que, aunque cronológicamente el siglo XIX comenzase en 1801, históricamente se inició en 1789. Ciertamente, el estallido de la Revolución Francesa señala una línea divisoria entre dos sistemas sociopolíticos opuestos: en el Antiguo Régimen, anterior a la Revolución Francesa, el absolutismo monárquico regía una sociedad feudal; en el Nuevo Régimen surgido tras la misma, en cambio, reconocemos muchos de los rasgos que caracterizan la organización política y social del mundo contemporáneo.


La toma de la Bastilla (14 de julio de 1789) ha quedado
como el suceso icónico de la Revolución Francesa

En el terreno político, la Revolución Francesa acabó con el sistema de monarquías absolutas que había prevalecido durante siglos en muchos países europeos. Dicho sistema político se basaba en el principio de que todos los poderes (el de promulgar las leyes -legislativo-, el de aplicarlas -ejecutivo-, y el de determinar si las leyes habían sido o no cumplidas -judicial-) residían en el rey. El monarca era fuente de todo poder por derecho divino; tal derecho era la base jurídica y filosófica de su soberanía.

La Revolución Francesa establecería la separación de estos poderes, de tal manera que el legislativo correspondería a una Asamblea o Parlamento; el poder ejecutivo seguiría residiendo en el rey y sus ministros, o en un gobierno en las repúblicas; y el judicial recaería en los tribunales de justicia, como poder técnico e independiente. En definitiva, la monarquía dejaría de existir o de ser absoluta para convertirse en un sistema político en que los distintos poderes servirían de contrapesos y se controlarían mutuamente. Se entendía, además, que la soberanía no procedía sino del pueblo, el cual delegaba el ejercicio del poder en gobernantes libremente elegidos en procesos electorales periódicos.

En el plano social, las consecuencias de la Revolución Francesa serían igualmente trascendentes. El Antiguo Régimen se había caracterizado por consolidar un tipo de organización social rígido y de carácter marcadamente estamental, en la que se habían consagrado dos grupos o estamentos inamovibles: el clero y la nobleza. Estos estamentos gozaban de una jurisdicción especial que les eximía de pagar impuestos, entre otros privilegios. El tercer estamento lo integraban los campesinos, que estaban obligados a sostener los gastos del Estado con el pago de tributos.

Pero no solamente campesinos, artesanos o siervos componían el tercer estamento; una nueva clase social dinámica y próspera, enriquecida mediante los negocios, el comercio y la industria, también pertenecía jurídicamente a aquel «tercer estado» carente de privilegios: la burguesía. Esta clase emergente aspiraba a que su ascenso y su poderío económico se reflejase en el ordenamiento político. De hecho, la Revolución Francesa y su más inmediato precedente, la independencia de los Estados Unidos, constituyen los primeros ejemplos de lo que los historiadores han llamado «revoluciones burguesas». En ambas, el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia anquilosada determinó una configuración social en concordancia con la mentalidad y los valores burgueses.



De este modo, la Revolución Francesa creó una nueva sociedad cuya principal característica sería la eliminación de los privilegios y la proclamación de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; sin embargo, este ideal de igualdad se quedaría en el plano de lo teórico, ya que la nueva sociedad establecería un nuevo tipo de jerarquización entre los ciudadanos marcada no por el origen o la sangre, como antes, sino por la posesión de riquezas. Se pasó así de una sociedad estamental cerrada (se era noble por ser hijo de nobles, sin importar méritos o riquezas) a una sociedad abierta pero clasista (la nuestra), en que el dinero y los bienes materiales determinan la clase social. El resultado de la Revolución Francesa, en suma, sería la universalización del ideario burgués y la ascensión al poder de la misma burguesía, que sería la principal beneficiaria de los cambios.

La Revolución afectó a otros países además de Francia. Los gobernantes y la aristocracia de los países vecinos se convirtieron en sus mayores enemigos, y diversas monarquías europeas formaron coaliciones antifrancesas que tenían como objetivo acabar con el proceso revolucionario y restaurar el absolutismo. Pero la Revolución encontró apoyo en los campesinos, en los trabajadores de las ciudades y en las clases medias, y sus ideas penetraron en los estamentos no privilegiados de los restantes países europeos, que, en procesos revolucionarios o reformistas, acabarían por adoptar muchos de sus principios a lo largo del siglo XIX, quedando sus sociedades y sus gobiernos configurados de forma similar. En este sentido, la Revolución Francesa fue un acontecimiento de alcance universal.

Causas de la Revolución Francesa

Antes de entrar en el análisis del proceso revolucionario francés hay que señalar las causas que lo desencadenaron, dando por sentado la dificultad que supone establecer un orden de importancia en las mismas. Debe destacarse, en primer lugar, que el impacto de la filosofía ilustrada en el proceso revolucionario es una realidad incuestionable. Las ideas que difundió la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert (1751-1772), y las doctrinas políticas y sociales de Montesquieu, Rousseau y Voltaire dinamitaron los fundamentos teóricos de la monarquía absoluta y pusieron en manos del elemento burgués el ensamblaje teórico con el que justificar la destrucción del Antiguo Régimen. El barón de Montesquieu desarrolló la teoría de la división de poderes en El espíritu de las leyes (1748); Voltaire censuró el poder y fanatismo de la Iglesia y defendió la tolerancia y la libertad de cultos; Jean-Jacques Rousseau planteó en El contrato social (1762) el principio de la soberanía popular, que el pueblo ejerce a través de representantes libremente elegidos.

Durante el siglo XVIII, Francia vivió una serie de desajustes sociales propios de unas estructuras anquilosadas incapaces de adaptarse a la dinámica de los tiempos. El desarrollo de la economía, con importantes avances en sectores como la industria y el comercio, había favorecido el protagonismo de la burguesía, cuyo creciente poder económico no se veía correspondido con la función que le era asignada en la sociedad del Antiguo Régimen. A la eclosión de la burguesía como nueva realidad social cada vez más reacia a tolerar las prerrogativas y prebendas de los estamentos superiores, había que añadir la insoportable situación del campesinado francés, sujeto a un sistema de explotación señorial que, lejos de suavizarse a lo largo del siglo XVIII, tendía a hacerse aún más oneroso.

En la década de 1780, una sucesión de malas cosechas y graves crisis agrícolas desencadenaron la casi paralización de los restantes sectores económicos, íntimamente dependientes del sector primario. La prolongada depresión se dejó sentir con notable intensidad en el campo y en la ciudad, sucediéndose, en los años que precedieron a la Revolución, una serie de motines y levantamientos populares provocados por la carestía y la escasez de los productos de primera necesidad.

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